La Fiscalía Especializada en Hechos relacionado a Corrupción tiene pendientes más de 22 denuncias en contra de ex diputados locales del Congreso del Estado, que no se han logrado atender por intereses superiores “para que no caminen, completamente detenidas”. Estas denuncias han sido interpuestas ante el Ministerio Público por parte de víctimas que aseguran, jamás recibieron ningún apoyo social de los ex legisladores del rubro de Gestoría Institucional, que con firmas y facturas falsas justificaron el gasto por más de 40 millones de pesos del Congreso local. Los ex diputados involucrados son de la fracción del PAN: Mariano Niño, Héctor Mendizábal, Xiltálic Sánchez y Josefina Salazar; mientras que del PRI: José Luis Romero Calzada, Esther Angélica Martínez, y Fernando Chávez; del PRD: Dulcelina Sánchez y Sergio Desfassiux. El vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias lamentó que apenas dos denuncias han procedido, en las que se involucra al ex diputado panista Mariano Niño y Dulcelina Sánchez de Lira. En el caso de las denuncias contra el ex diputado Mariano Niño ya se le ha vinculado a proceso y se encuentra en una etapa de investigación complementaria; mientras que otra más se encuentra en suspensión provisional y el ex diputado se ha comprometido a reintegrar al Congreso, 86 mil pesos. González Covarrubias señaló que “desde la cúpula” se está indicando que no avancen esas denuncias contra ex legisladores, “todas las demás están congeladas…” “A la denuncia de José Luis Romero Calzada no le han podido ni siquiera localizar. Entonces esto habla de que la Fiscalía Anticorrupción ya no funciona y la verdad es que no le vemos sentido de que siga operando”. Pero también se encuentra la denuncia en contra del ex diputado Enrique Flores por el caso de la llamada “ecuación corrupta”, que se encuentra en etapa de juicio oral con posibilidad de procedimiento abreviado. Mientras tanto, de la actual legislatura también el diputado Pedro Carrizales Becerra “El Mijis” enfrenta una denuncia en la Fiscalía General del Estado por agresiones y obstrucción a un ordenamiento de un juez. Carrizales Becerra también tiene una investigación abierta en al interior del Congreso, debido al presunto uso de un vehículo del Congreso para fines electorales en el estado de Aguascalientes. Igualmente, al interior de la Contraloría Interna, la ex oficial mayor, Marcelina Oviedo enfrenta un procedimiento de responsabilidades, debido a que en el acta 36 de la Jucopo se precisa que la ex funcionaria "ha sido omisa en hacer el procedimiento de entrega-recepción de la documentación perteneciente a la oficina a su cargo".