Alrededor del 70 por ciento de las compras que realizó Gobierno del Estado en la pasada administración y en la que va de esta están “amañadas” y son adjudicadas por asignaciones directas o invitaciones restringidas, con el fin de beneficiar a empresas ligadas a funcionarios públicos o pedir los denominados “moches” a las compañías ganadoras de las obras y compras, declaró Julio César Galindo Pérez, ex presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia (CCT). LICITACIONES SIMULADAS El empresario explicó que una de las principales “mañas” en la función pública para cometer actos de corrupción en las adquisiciones, son las simulaciones de licitaciones, que consiste en abrir convocatorias de licitación, pero con requisitos demasiado específicos, que solo puede cumplir la empresa que ellos quieren que gane la licitación. “Copian toda una ficha técnica, completita, en la compra de un vehículo, de una camioneta y ponen hasta el punto y coma o de un equipo médico de ciertas características y hasta el color lo llegan a poner y sabemos que esa va dirigida a una marca determinada”, declaró el empresario. Agregó que lo “extraño” del caso es que las empresas que ganan la licitación presentan ofertas prácticamente idénticas al techo financiero que tenía la obra, siendo que el techo financiero no se le puede dar a conocer a ninguna empresa y muchas veces, debido a que las empresas tienen que hacer ofertas bajas para ajustarse ese techo y ganar la licitación, terminan haciendo obras de mala calidad. Galindo Pérez dijo que un ejemplo de estas irregularidades en licitaciones se vio en la pasada administración, cuando se construyó el colector pluvial Alameda y en la segunda etapa de construcción, Gobierno decidió descalificar a la empresa que había efectuado la primera etapa, argumentando “falta de experiencia”, cuando dicha empresa ya había hecho toda la construcción de la primera etapa. El presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC) y miembro del CCT, Juan Pablo Torres Barrera, dijo que en la actual administración se ha detectado una práctica distinta, que es que las compras se realizan a empresas de reciente creación y que no tienen experiencia, argumentando que tienen que realizar asignaciones rápidas de los recursos, sin embargo, no se ha comprobado que alguna de estas empresas esté ligada a funcionarios. PRECIOS INFLADOS Otra de las prácticas que mencionaron los empresarios es la de los precios “inflados”, en donde el Gobierno compra a precios superiores a los que hay en el mercado, con el fin de desviar parte de los recursos destinados a la compra, en común acuerdo con la empresa ganadora de la licitación. Julio César Galindo recordó que un ejemplo de ello ocurrió en el DIF Estatal, durante la pasada administración, en donde se compraban 600 mil kilos de frijol para desayunos escolares a precios de 14.50 o 15 pesos el kilo, siendo que en el mercado un frijol de mejor calidad estaba a 9.50 pesos el kilo. Juan Pablo Torres Barrera consideró que el CCT debería ser un consejo preventivo y no reactivo, con el fin de que antes de realizar la compra, el Gobierno le entregue un informe al consejo respecto de qué se va a comprar y cuáles van a ser los precios, con el fin de detectar, antes de realizar la compra, si se está comprando a precios inflados. FUNCIONARIOS PIDEN “DIEZMO” Galindo Pérez añadió que otra mala práctica es la del “diezmo”, en donde funcionarios públicos piden el 10 por ciento o hasta el 20 por ciento del monto del contrato a una empresa, a cambio de hacer que gane la licitación o otorgarle una adjudicación directa, lo cual a su vez hace que las empresas aumenten sus precios y entreguen obras de menor calidad, como ocurre en la Huasteca, en donde a los pocos días de inauguradas las obras, debido a las lluvias, se destapan una serie de vicios ocultos. PAGAN OBRAS “FANTASMA” Otra práctica detectada en la función pública es el pago de “obras fantasma”, como ocurrió con el Hospital Regional de Rioverde, el cual se pagó hasta su tercera etapa y solo se concluyó hasta la segunda etapa. Lo mismo ocurrió con el proyecto de los pasos a desnivel que se pretendían hacer en Fray Diego de la Magdalena, por parte del Municipio, en donde se pagaron obras que nunca fueron ejecutadas.