La igualdad entre las personas parece cada vez más alejada de la vida cotidiana, encontramos que a veces parecen más ejercicios de redacción que de aplicación,  sí se escucha, se lee la palabra IGUALDAD, sin embargo hemos visto que llevarla a la práctica es una tarea compleja porque se tienen naturalizadas inercias históricas y queda en el anecdotario frases de la igualdad formal tales como “todos somos iguales ante la ley”. Aquí es en donde nos tenemos que detener un poco y reflexionar que no es así, que hemos tenido que acotar la palabra en términos lingüísticos para que podamos aplicarla a las diferentes actividades de las personas y su convivencia en un marco de respeto. Ser iguales significa que todas las personas tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, el mismo acceso a las oportunidades, el mismo alcance de desarrollo, pero no ha sido de esta manera. Las mujeres aún tenemos que exigir que sea real la aplicación de la palabra. A partir de las actividades de muchas mujeres a lo largo de la historia, nuestra participación en espacios de toma de decisiones se ha ido afinando, sin que se llegue aún a alcanzar la misma posibilidad de intervención, entonces somos menos mujeres las que estamos realmente tomando decisiones políticas, culturales, académicas, empresariales, etc. Hemos creído además que la ciudadanización de organismos para el trabajo dentro del gobierno será la varita mágica para la inclusión de mujeres, que en todos los órganos ciudadanos ya están preparados para albergar las acciones afirmativas para beneficio de nosotras. Hemos topado con pared hace días en San Luis Potosí, porque a partir de la formación de un Comité Ciudadano de participación para el Sistema Anticorrupción se eligieron a perfiles que formarán este, vimos un discurso de ciudadanos que están alejados de los trabajos y acciones que las mujeres hemos emprendido para estar dentro de esos espacios, se excluyó, o no hubo una amplia convocatoria para que mujeres se sumarán a participar, que si viene es cierto tal como lo señalaron los integrantes de éste Comité Ciudadano no hubo dolo o mala fe, simplemente no sabían que las mujeres debían tener una participación similar en número a la de los hombres. Está claro que no actuaron de mala fe, eso se pudo apreciar, porque una vez que conocieron que debía haber mayor participación de las mujeres se quiso corregir dando la presidencia de dicho órgano a una mujer. Lo que es más delicado es que de verdad no haya conocimiento de género en la sociedad en general y que lleve a repensar el tema desde varias aristas: a)   Las políticas públicas que diseñó el Estado mexicano a partir de los acuerdos internacionales, su aplicación mediante acciones que implementan los diferentes niveles de gobierno, entre ellas la capacitación y sensibilización a la población, no están siendo eficientes para que toda la población conozca y haga una interpretación favorable a las mujeres que podrían forman parte de la administración pública, tanto municipal, estatal como federal. b)   Las acciones que se reportan en materia de género no están siendo evaluadas de manera real, o sólo llegan a una parte muy limitada de la población. c)   La sociedad civil siempre ha sido muy importante para revisar y estar vigilantes de que las acciones en favor de los derechos de las personas y sobre todo de las mujeres sea una realidad, por lo que la tarea y responsabilidad que tienen no es menor. Recordemos que las acciones afirmativas son medidas correctivas encaminadas a aumentar la participación de las mujeres en la actividad de pública, orientada a eliminar la discriminación existente, llevar a cabo medidas de reparación y evitar nuevos actos de discriminación y “(…) asegurar que tanto las mujeres como los hombres tengan igualdad de oportunidades para competir por cualquier puesto de toma de decisiones o de ejercicio del poder”[1] El ejemplo de referencia deja de manifiesto la necesidad de que se implementen estrategias encaminadas a orientar y sensibilizar a toda las personas sobre los derechos de las mujeres y la importancia de que los órganos ciudadanos conozcan los términos de paridad e igualdad a fin de no negar, ni restringir los derechos de las mujeres a participar en los puestos de tomas de decisiones. Es imprescindible que se evite masculinizar la administración de gobierno, que más mujeres sean incluidas en los puestos de toma de decisiones como titulares de dependencias.

[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género. 2006, p. 171