“La extinción de dominio es un muy buen instrumento para combatir a la delincuencia organizada, el problema es cómo se está implementando en México, la forma como se está llevando adelante”, así lo señala el experto en temas jurídicos, Jorge Chessal Palau, al referirse a este tema durante su participación en el espacio de “Así las Cosas”.  Dijo que si bien anteriormente sólo existía la figura del decomiso, después del fenómeno de los cárteles de la droga y su proliferación de bienes, derivó en buscar la extinción de dominio. Una de las novedades que va en esta ley es que el procedimiento va por separado, de manera que una persona acusada penalmente por un delito de delincuencia organizada puede ser absuelta por el juez penal pero aun así perder sus bienes, o bien ser condenada por un juez penal y sin embargo no poder demostrar el ministerio público la causa de extinción de dominio.  “Ese es uno de los temas fundamentales porque entonces vamos a tener un esquema en el cuál, ya la extinción de dominio no es propiamente una sanción sino que también puede ser una medida alterna que puede generar consecuencias de carácter patrimonial”. Ante ese panorama el experto jurista ejemplificó que en un caso como el de rentar algún departamento pero que se usó para algún ilícito como casa de seguridad para algún secuestro. El propietario tiene una presunción de buena fe, pero no siempre se sostiene. Por ello sugirió especificar este punto en la redacción de contratos, que no debe usarse para alguna actividad ilícita. En caso de saberlo y no haberlo denunciado, se perdería la presunción de buena fe y por tanto sí se perdería la propiedad.