Editorial EL UNIVERSAL / México, lejos de la pacificación nacional

Las propuestas de pacificación que ofrece el equipo de transición, son poco probables que puedan pacificar al país, ya que están proponiendo como eje rector una estrategia de seguridad y no de paz, creyendo o confundiendo que teniendo seguridad tendremos paz, y no es así.

Realmente lo que están proponiendo es aplicar la misma estrategia de seguridad actual pero a la inversa, por ejemplo: actualmente se prohíbe el consumo de drogas, y ellos proponen legalizarlas sin medir repercusiones, actualmente el país está militarizado y ellos proponen desmilitarizarlo sin medir consecuencias, actualmente se condena a los delincuentes y hoy proponen darles amnistía, actualmente se castiga socialmente a los delincuentes y hoy proponen perdonarlos, actualmente hay mucha impunidad e injustica y ellos proponen reconciliación, se me hace absurdo pensar que contraponiendo y distorsionando la realidad se va a lograr la pacificación nacional.

No obstante el texto sí tiene algunas propuestas valiosas que deben rescatarse, como crear territorios de paz, consejos de paz y leyes de paz pero no profundizan en ellas y tampoco explican cómo ponerlas en práctica. Durante los foros se excluyó a muchas organizaciones promotoras de paz, no se consultó ni se invitó a pacifistas internacionales, no se analizó la profunda responsabilidad de la actuación del poder judicial quien es responsable en gran medida de la impunidad a consecuencia de la corrupción, y casi no se habla de la grave actuación de los ministerios públicos que venden la justicia, pero lo más grave es que tampoco se tocaron las nuevas penas y castigos hacia los criminales, como si estuviera prohibido mencionarlos o inmiscuirlos.

Me parece grave que desesperadamente den por hecho la legalización de las drogas incluso las propuestas hablan de tener “acceso a jeringas limpias” para quienes se inyecten estupefacientes, refiriéndose no sólo a marihuana sino a drogas poderosamente tóxicas, y rematan diciendo: “que las drogas sean reguladas a favor de la pacificación del país”, es increíble que crean en esto, antes de rendirse y legalizar mejor apostar al rescate, la prevención y rehabilitación, a la creación de ejércitos juveniles por la paz en contra de la drogadicción y a favor del deporte y la educación. El problema de estas propuestas que por lógica no van a funcionar en la magnánima labor que se requiere para pacificar al país, es que designaron como pacificador a un policía que será el responsable de perseguir y castigar a los malos y que por lógica no tiene la formación, ni la conciencia, ni el espíritu de un pacifista que sienta en las entrañas la necesidad de pacificar a una nación herida. Esta política “pacifista” es errática, parece un traje a la medida para la libertad de la delincuencia, para esta labor se debió haber designado a un mexicano formado en procesos de paz como es Bernardo Sepúlveda Amor quien contribuyó a la paz en Centroamérica, o a Juan José Bremer, otro diplomático especialista en temas de paz, o Juan Ramón de la Fuente quien pacificó a la UNAM. Se deben invitar a pacifistas de otros países, se deben consultar doctrinas efectivas de fraternidad, se debe sembrar la semilla de la paz en el corazón de cada mexicano. Todavía hay tiempo señor Presidente electo para que recapacite y cambie su estrategia, se puede pacificar el país sin rendirse ante el crimen, con acciones más inteligentes, más profundas y más humanitarias.

No cometa el mismo error de su antecesor, déjese ayudar por los que saben… OPINIÓN / Debilidad del Estado y estructura gubernamental

El Estado mexicano es y ha sido débil. Un Estado fuerte no tiene que ser autoritario y hay muchas democracias en las que se respeta la ley, se recauda bien y se fomenta el crecimiento y desarrollo inclusivo. Se requieren mecanismos que acoten al Estado sin restarle funcionalidad. El diseño institucional y la estructura gubernamental son esenciales para generar incentivos adecuados y dotar al Estado con capacidad suficiente para tener buenas políticas públicas. Preocupan algunas señales del próximo gobierno que amplían el poder del presidente y modifican la estructura gubernamental, sin que sea clara su pertinencia. Doy tres ejemplos. Los diputados de Morena presentaron una iniciativa que quita autonomía a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Su autonomía es para protegerlas en el ejercicio de sus funciones vinculadas al desarrollo y la eficiencia económica, algo fundamental en un Estado débil, sujeto a fuertes presiones de las élites públicas y privadas y al “capitalismo de cuates”. Quitarles autonomía solo se explica como medida para evitar contrapesos técnicos y legales en su actuar. ¿Cómo evitar que pase lo mismo con Banco de México, INE, Cofece, Coneval y otros? Si hay dudas sobre el actuar de éstas, que se planteen y se debatan, pero no quitemos injustificadamente lo que les da fuerza e independencia o supongamos que sólo con buena voluntad y honestidad se suplirá la falta de autonomía. Otro ejemplo es la creación de los llamados “superdelegados” quienes concentrarán las funciones de los actuales delegados en los estados. Se dice que esta medida permitiría reducir el aparato gubernamental pero no sería significativo ni necesariamente deseable, de seguir operando programas federales. También se dice que permitirá acotar a los gobernadores, algunos de los cuales se enriquecieron de manera escandalosa, pero no garantizará fin a los abusos para lo que se requieren mecanismos más efectivos y transparentes. Es cuestionable que en una federación democrática se otorgue a los delegados gran poder a costa de los gobernadores, cuando éstos ganaron su puesto en las urnas y tienen responsabilidades constitucionales a diferencia de los primeros. La estructura propuesta debilitará el vínculo entre los operadores de los programas y las secretarías responsables y debilitará la rendición de cuentas hacia el ciudadano: si ya es complejo discernir entre órdenes de gobierno y la responsabilidad sobre las acciones públicas, con esto será aún más nebuloso. El que los superdelegados dependan directamente de la Presidencia y que muchos de los designados hayan sido rivales políticos de los gobernadores o futuros candidatos, sugiere que el objetivo de la reforma es político y electoral más que la eficiencia gubernamental. El tercer ejemplo se refiere a la reorganización de algunas dependencias. Hay varios casos, pero me referiré al de Liconsa y Diconsa, que como se informó, dejarían de ser parte de Sedesol para quedar sectorizadas en la Secretaria de Agricultura. Dado que su objetivo es eminentemente social y orientado al consumo de personas en pobreza y marginación, tiene sentido su permanencia en Sedesol. Liconsa ofrece leche subsidiada a familias pobres, principalmente en zonas urbanas, mientras que Diconsa contribuye al abasto de bienes básicos donde hay pocas alternativas para adquirirlos. Es de esperarse que, al formar parte de Agricultura, su objetivo y capacidad se transformen para reflejar el mandato de su nueva cabeza de sector orientada a la producción agrícola más que al desarrollo social. La estructura gubernamental debe asegurar las condiciones operativas e incentivos adecuados para mejorar los resultados de la acción gubernamental. Pueden requerirse cambios en la estructura, pero deberían justificarse adecuadamente.