Editorial EL UNIVERSAL/ Los jóvenes y las policías ¿Por qué la desaparición del joven Marco Antonio Sánchez Flores generó la movilización de distintas organizaciones, así como declaraciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Organización de Naciones Unidas para que el caso fuera resuelto a la brevedad y esclarecido de manera transparente? La última vez que se vio a Marco Antonio fue el martes 23 en el momento que policías de la ciudad de México lo detuvieron. Eso causó la indignación. El joven apareció ayer domingo, golpeado, sin un zapato y “desorientado”. Grupos defensores de derechos humanos habían hecho un llamado a la autoridad para que los elementos policiacos fueran investigados e informaran sobre el paradero del joven de 17 años de edad, estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM. Los datos que se tenían remitían irremediablemente a situaciones de violación de derechos humanos, que el país ha buscado erradicar con modificaciones en la normatividad y creación de instituciones. Para la UNAM, Sánchez Flores fue detenido arbitrariamente, por lo que exigió desde el sábado el deslinde de responsabilidades y castigo a quien resultara responsable. Por su parte, ayer el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos condenó la desaparición e hizo un llamado a la autoridad capitalina para que investigara el caso no como un secuestro, sino como una desaparición forzada, y consideró urgente que tanto Marco Antonio como su familia tuvieran acceso a la justicia y a la reparación del daño. Por muchos años para distintas autoridades los jóvenes han sido sinónimo de conflictos y con frecuencia son criminalizados, en lugar de lograr su inclusión y alentarlos a que se adueñen de los espacios deportivos y culturales en las ciudades. En la hipótesis de que el joven hubiera cometido alguna falta o incluso algún ilícito, la fuerza que ejercieron elementos policiacos se aparta de los protocolos que deben de prevalecer en esas situaciones, sobre todo cuando se trata de un menor de edad. Las condiciones en que fue hallado aún amerita varias explicaciones. La reacción social y de importantes instituciones envía el mensaje de que los actos de gobierno, en especial del uso de la fuerza desmesurada, ya no son tolerados. En ninguna ciudad del país sus habitantes tendrían que ver a los agentes del orden como sujetos que producen miedo y temor. Por el bien de todos, debe propiciarse una relación de cercanía y confianza.

Frentes Políticos I. Derroche. El costo de la democracia en México es cada año más oneroso. Los partidos y los precandidatos a cualquier puesto de elección popular gastan a manos llenas. Si una coalición o partido presentara a candidatos para los 365 cargos federales en disputa, podría gastar hasta mil 646.9 millones de pesos. La política como negocio es redituable para el grupo que maneja los recursos en cada instituto político. La campaña para Presidente contempla gastos de 429.63 millones de pesos por candidato; cada uno de los 300 candidatos a diputados puede gastar 1.43 millones de pesos y cada uno de los que van al Senado, 2.86 millones de pesos. ¿Vale la pena el despilfarro? II. Las herencias malditas. Otro exgobernador y su equipo se suman a la lista de funcionarios investigados por no entregar bien las cuentas a sus predecesores. La Auditoría Superior de Tamaulipas y la Contraloría Gubernamental indagan a Egidio Torre Cantú y a 40 exalcaldes por falta de solvencia de cuentas públicas por alrededor de 25 mil millones de pesos, de los cuales diez mil son exclusivos del sexenio anterior. Mario Soria, contralor gubernamental, señaló que están robusteciendo los expedientes y solicitando que el exmandatario tamaulipeco rinda cuentas. Inicia otra novela de presunta corrupción. Todos se subirán a este barco, según sus conveniencias. III. Adiós bastión. El diputado Santiago Taboada se registró para convertirse en el primer alcalde de la delegación Benito Juárez, compitiendo Por México al Frente. Esta es la primera consecuencia nefasta de los pactos entre Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento Ciudadano. Primero fue Jorge Romero Herrera, después Christian Von Roehrich, exdelegados de BJ, y ahora Taboada, ¿No tienen otra camada? Mala decisión apostar a la continuidad de esta camarilla de panistas que sólo han alquilado las esquinas a puestos lamineros, otorgado licencias para construcciones irregulares y protegido a ambulantes y franeleros, antes que mantener la seguridad. Adiós, BJ azul. IV. ¿Ahora sí? Cuántas veces ha escuchado usted esta historia: La Secretaría de la Función Pública, para prevenir delitos electorales, ya trabaja con la Secretaría de Desarrollo Social y con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en la actualización del Convenio de Colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenirlos, suscrito en febrero de 2016. Arely Gómez González, titular de la SFP, llamó a promover acciones para evitar el uso político de los programas sociales, así como a supervisar y vigilar los recursos públicos destinados al desarrollo social. Y, al final, todos embarrados, pues nadie cumple limpiamente. Ya lo veremos. V. Prisas. Toca al Instituto Nacional Electoral (INE) resolver la apatía de los ciudadanos. Ayer domingo, a tres días de que venza el plazo para tramitar la credencial del INE, el único módulo que abrió en la Ciudad de México se abarrotó de ciudadanos que peregrinaron durante varios días para encontrar un lugar en el que pudiesen realizar su trámite. Lo malo es que a las 6:30 de la mañana ya estaban entregadas las 200 fichas que se repartirían para atender a los ciudadanos, de 8 de la mañana a 12 del día. Qué grave que sólo ese ínfimo número de ciudadanos pueda resolver su situación electoral. ¿Así quieren que la gente acuda a las urnas? ¿Atendiendo sólo a 200 en un día?