Editorial EL UNIVERSAL / Radiografía de la inseguridad El país enfrenta muchos retos, pero uno de los principales es el de proporcionar seguridad. La tranquilidad en diversas zonas del país no llega, a pesar de operativos federales o estatales. ¿Cuál es la razón de que los esfuerzos no ofrezcan resultados? En entrevista que hoy publica EL UNIVERSAL, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, responde que hay factores internos y externos que inciden en los índices de inseguridad, a lo que se suma la confusión que reina por la puesta en marcha del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la cual equipara a una “torre de Babel” procesal. Entre los obstáculos externos se encuentran la demanda de opiáceos por parte de los estadounidenses, situación que fue declarada emergencia nacional por el presidente Trump hace unas semanas, así como el flujo de armas proveniente de Estados Unidos. Sales refiere que en esa nación 85% de sus armerías están ubicadas en los estados que hacen frontera con México, y que al menos 2 mil armas al día ingresan a nuestro país desde EU. El primero de los temas mencionados tuvo efectivamente un auge este 2017, pero el segundo es una situación nada nueva. Desde hace años hay datos que dibujan con claridad el riesgo que representa la entrada de armas. Lo que debe sorprender es que el problema prevalezca sin que las acciones para contenerlo tengan éxito. Entre los factores internos destaca el sistema de justicia penal. El funcionario afirma que la capacitación fue “inconexa y dispersa”, por esa razón el juez comprende una cosa, el agente del ministerio otra, el policía otra, el defensor otra, no hay entendimiento. El nuevo esquema para impartir justicia fue puesto en marcha hace casi 18 meses. No debe transcurrir más tiempo para enmendar lo que no está funcionando. Otro elemento es el fallido modelo policial en los estados. Se trata de una situación harto conocida de la que se dice mucho, pero se resuelve poco. A pesar del número de homicidios que registra 2017, para el comisionado el contexto es diferente; hay situaciones que ya no son cotidianas como en 2010-2011, cuando los índices delictivos entraron en una espiral que crecía sin freno. Tiene razón el funcionario al afirmar que basta un evento “para que todo se descomponga” en la percepción pública. Pero precisamente para no abordar el tema desde percepciones, es que se registran datos duros, fríos, los cuales no son nada halagadores y exponen una situación de inseguridad bastante similar a la registrada en el sexenio pasado. El análisis que realiza es exacto. Se requiere ahora tomar acciones para que cambie el escenario actual. ¿Podremos esperar que en 2018 el panorama sea diferente?

Frentes Políticos I. Buenos manejos. Para la reparación de escuelas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados habrá tan sólo nueve mil 186 millones de pesos. Con los recursos del programa Escuelas al CIEN, del Fondo de Desastres Naturales y del Seguro de Reparación de Daños en Especie de la Secretaría de Seguridad Pública, iniciará, casi cuatro meses después, la vuelta a la normalidad. Héctor Gutiérrez de la Garza, titular del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, detalló que se tienen disponibles cinco mil millones para los diez estados afectados. El ojo fiscalizador de la sociedad civil debe, ahora más que nunca, revisar a detalle dónde quedan esos recursos tan apetitosos en manos ajenas. II. Frutos. Tamaulipas se posicionó en el segundo lugar de los estados con los policías mejor pagados del país. En la administración de Francisco García Cabeza de Vaca un elemento estatal recibe mensualmente, con prestaciones, 14 mil 546 pesos, más hospedaje y alimentación para quienes están comisionados fuera del municipio donde radican. Así como lo ve, es poco más de 35% del promedio nacional de referencia que ofrece la Secretaría de Gobernación. Han mejorado las condiciones económicas y laborales para la Policía Estatal, como parte del compromiso de contar con una corporación con elementos mejor pagados y capacitados que estén al servicio de los tamaulipecos y no del crimen organizado. Es de esperarse una reducción de la delincuencia. Si todo va tan bien... III. Amago. Una vez más Cuauhtémoc Blanco, el edil de Cuernavaca, está en la cuerda floja. Ahora se trata del incumplimiento de pago de un contrato de 27 millones de pesos con una empresa recolectora de basura. Se ha salvado de los embates de sus detractores, de comerciantes, del propio Congreso, que en algún momento quiso quitarlo del cargo, pero nada. Hasta ahora. El Tribunal de Justicia Administrativa ordenó la destitución e inhabilitación de hasta seis años de cualquier cargo al exfutbolista. La sentencia aplica también para la síndico Denisse Arizmendi Villegas y para 15 regidores municipales. Todo indica que al popular Cuau se le acabaron los ases bajo la manga. Gran final para el alcalde chatarra: se lo llevó la basura. IV. Agendas llenas. Ni en fin de año los aspirantes a la Presidencia dejan de afinar sus estrategias de penetración social. Cada quien con su estilo. José Antonio Meade, después de sostener una serie de reuniones de trabajo la mañana de ayer, realizó un recorrido por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Saludó a la gente que encontró a su paso y se tomó fotos con quien así lo pedía. Tras las reuniones de trabajo de ayer, hoy reaparecerá en Tlaxcala, en donde se reunirá con la militancia del PRI en ese estado. El camino es corto hacia el domingo primero de julio de 2018. Y aquel que pierda el tiempo en recesos, pierde posiciones en el tablero. Y no es momento de arriesgarse. V. Consecuencias. Fernando Mayans, senador por Tabasco, renunció al PRD tras 25 años de militancia. Acusó que las cúpulas perredistas impusieron al alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, como candidato al gobierno de su estado natal. Denunció que la encuesta con la que impusieron a Gaudiano fue una “simulación” que insulta a los verdaderos perredistas. Mayans participó en el proceso interno del PRD, junto con otros cinco aspirantes. El método de elección fue una encuesta interna que hasta hoy sigue siendo un misterio, porque ni el nombre ni la metodología se hicieron públicas. Y eso que Gaudiano enfrenta un proceso legal en la SEIDO por sus presuntas ligas financieras con el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Así se las gastan.