Editorial EL UNIVERSAL / Indígenas en riesgo A pesar de que sistemáticamente las estructuras del Estado han desdeñado a los indígenas, estos pueblos siguen a la espera de la empatía mínima que permita entenderlos y sumarlos al desarrollo nacional. Si ello no fuera posible, por lo menos los gobiernos deben arbitrar, gestionar y ayudar a resolver los conflictos en los que se amerite. Por donde se vea, no es posible seguir ignorando sus problemáticas más apremiantes. En uno de los estados más pobres del país, Chiapas, sobreviven grupos étnicos con amplia tradición e historia, entre los que están los tzotziles. La riqueza cultural que aportan a la diversidad mexicana va de la mano, por desgracia, con la incomprensión generalizada hacia sus necesidades. En los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó se vive un conflicto territorial de amplias magnitudes que no ha conseguido resolverse, aun cuando han pasado más de 40 años desde que se originó. La disputa de 800 hectáreas, de las que habitantes de Chenalhó buscan apoderarse por la fuerza, ha provocado el desplazamiento de 4 mil 873 personas. Desde hace más de un mes, los habitantes de nueve comunidades de Chalchihuitán viven en condiciones deplorables ante la amenaza de ser asesinados por los grupos armados del municipio vecino. Esta realidad lamentable es vigente en nuestro país. El conflicto ha prevalecido en el tiempo, ha visto pasar a gobernadores, presidentes municipales, así como a líderes sociales y religiosos que, por distintas razones, no han logrado finalizarlo. La situación hoy es insostenible para quienes la padecen, y debería ser inaceptable para el resto del país, particularmente para aquellos que tienen la potestad de solventar el problema. ¿Por qué en 40 años no se ha podido resolver este conflicto? Es incomprensible, como lo es también el hecho de que en este momento hay miles de personas cuya situación es precaria en todos los sentidos, pues no solo carecen de los recursos básicos para sobrevivir, sino que sus vidas están en riesgo permanente porque son objetivo de grupos armados. Es una situación que exige respuestas urgentes desde las autoridades locales y federales. Como origen del conflicto entre estos dos municipios se señala un error añejo del gobierno federal. La política social en nuestro país durante las últimas décadas se ha sustentado en repartir recursos públicos a los grupos sociales más pobres, sin embargo este caso particular evidencia la necesidad de las instituciones comprendan las dinámicas locales para actuar en consecuencia y según sus atribuciones. La disputa territorial entre Chenalhó y Chalchihuitán puede ser un problema social todavía mayor de no atenderse inmediatamente. No puede pasar más tiempo. Frentes Políticos I. Predecibles, pero efectivos. A diferencia de los viejos rituales del presidencialismo, el destape del candidato del PRI se dio bajo filtraciones, alabanzas y unidad. Tras renunciar a la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade inició un recorrido que tuvo por objetivo buscar el respaldo para 2018 de los principales grupos afines al PRI como lo son la CTM, CNC y CNOP, quienes cerraron filas para apoyar la candidatura de Meade, quien fue vitoreado y arropado. El rito recordó los viejos modos del priismo. A diferencia del pasado las agrupaciones le dieron la bienvenida a su primer candidato no priista. Con esta apuesta el PRI intentará retener el poder el próximo año. Más allá de las demás opciones políticas, para muchos la disputa por la Presidencia es cosa de dos: Meade versus AMLO. ¿Será? II. Perdido. Eruviel Ávila, presidente del Comité Directivo del PRI de la CDMX, comunicó vía Twitter que no buscaría ir por la candidatura presidencial de su partido: “Decidí no registrarme en el proceso interno del @PRI_Nacional. Respaldaré con todo mi entusiasmo el proyecto ganador y de unidad de @JoseAMeadeK”. El exgobernador del Estado de México quizá dejó sus aspiraciones de lado, pues la entidad que despachó es el segundo lugar más violento del país y con más feminicidios, dichas cifras no le ayudarían a su causa. Ávila agregó: “Mucho éxito apreciado @JoseAMeadeK, siempre trabajamos en equipo y en esta ocasión no será la excepción”. Don Eruviel se descartó de una fiesta a la que no estaba invitado. III. Imperdonable. En Reynosa, Tamaulipas, fueron detenidos cuatro servidores públicos, con varios años de antigüedad en la Secretaría de Salud del estado, relacionados con el robo de medicamentos de un Centro de Salud. De acuerdo con la Procuraduría estatal, los detenidos se desempeñaban en las áreas de farmacia, difusión de la salud, sicología y enfermería. Fueron puestos a disposición de la Autoridad judicial correspondiente para que se resuelva su situación. Eliseo N, Erasmo N, Dulce María N y Marcela N deberán pagar por los delitos de robo y coalición de servidores públicos. Y pensar que están para “servir al pueblo”; no tienen perdón. ¿Y los controles de confianza? ¿Existen? IV. Ayuda. La Comisión de Justicia del Senado convocó a todas las universidades que cuenten con especialistas en derecho a proponer candidatos para ocupar el grupo de apoyo de académicos que ayuden a los senadores a elegir al nuevo titular de la Fepade. Mientras tanto, los 21 aspirantes a ocupar el cargo garantizaron que no tienen ningún conflicto de interés. Los seis académicos que ayudarán a elegir al nuevo titular calificarán el desempeño de los aspirantes, pero tendrán prohibido reunirse con alguno de éstos, entre quienes están dos que por segunda ocasión buscan esa posición: Héctor Díaz Santana y Alejandro Porte Petit. Pasan los días y no hay sustituto de Santiago Nieto. ¿Para cuándo? V. Un dragón apaciguado. Poco podrán hacer los legisladores para escandalizar en la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Ya se frotaban las manos con el caso del tren México-Querétaro. No hay ninguna demanda contra México, ya que el pasado octubre el consorcio China Railways cobró 23 millones de pesos, correspondientes a los gastos no recuperables por la no firma del contrato para la construcción del tren de alta velocidad. La cantidad se estableció de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y su reglamento, y sólo se pagaron los gastos que acreditaron y comprobaron los orientales. No hay ningún procedimiento iniciado por el consorcio ante la SCT y hoy, más que nunca, las relaciones México-China son impecables.