Editorial EL UNIVERSAL / Inseguridad, ¿cuánto más?

¿Cuánto cuesta la inseguridad a cada ciudadano, a cada empresa, al país? Hay muchas cifras al respecto. Por su rigor y alcance, las que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía seguramente reflejan de manera más fiel la realidad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2018) menciona que “a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares, el costo representó un monto de 299 mil 569 millones de pesos”, equivalente a 1.65% del PIB y a 7 mil 147 pesos por persona afectada. Para las empresas, el golpe a las finanzas también es relevante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, el costo promedio del delito por unidad económica en 2017 fue de 66 mil 31 pesos, mientras que en 2015 fue de 57 mil 779 pesos. En la encuesta se cita también que en 86.6% de los delitos cometidos contra empresas no se presentó una denuncia penal o no se inició una averiguación previa o carpeta de investigación, pues la mayoría de los encuestados refiere que se trata de una pérdida de tiempo. Sean empresas o personas, los actos delictivos tienen un costo enorme, incluso para aquellos afortunados que no han sido víctimas de algún ilícito. Las empresas que son blanco de las bandas delictivas buscarán reponer sus mermas aumentando el costo de sus productos. Si la delincuencia ha golpeado más de una ocasión a las mismas empresas, muchas llegan a tomar decisiones drásticas como el cierre total de operaciones, lo que trae como consecuencia escasez de productos y por tanto el encarecimiento de ellos, además de la pérdida de empleos y la caída del dinamismo económico en regiones del país. La inseguridad, entonces, tiene un costo para toda la población. A unos de forma directa y a otros de manera indirecta. La delincuencia cuesta más a unos que a otros, pero toda la población termina pagándola en conjunto. México no puede seguir permitiendo que buena parte de los recursos públicos y privados se pierdan por inseguridad o se destinen al rubro de protección. El dinero público tendría que estar atendiendo las carencias de los más necesitados o creando infraestructura, y el privado invirtiéndose en creación de empleos o nuevos proyectos. La inseguridad nos cuesta a todos. El país sigue esperando una solución, aunque sea parcial, al problema. En este sexenio poco se logró. ¿Cuánto tiempo más podrán resistir ciudadanos y empresas esta situación? OPINIÓN / Desafíos del Poder Judicial frente a la cuarta transformación

Los resultados electorales del primero de julio han abierto grandes expectativas para modificar los mecanismos de funcionamiento de un sistema político orientado a favorecer los privilegios de los poderosos y la exclusión de las mayorías. La copiosa votación que obtuvo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es una señal inequívoca de los anhelos de cambio de rumbo y las esperanzas de mejores niveles de vida para una porción muy significativa de quienes concurrieron a las urnas. Los retos son titánicos, puesto que estamos frente a un conjunto de inercias que se han incubado y reproducido en los intrincados circuitos de la corrupción e impunidad. Evidentemente, se trata de fenómenos estructurales y sistémicos que requieren ser extirpados con un conjunto de políticas públicas que ataquen desde su génesis a este océano de injusticias y arbitrariedades. Seguramente, uno de los temas más sensibles del mapa de las asignaturas pendientes de nuestro país lo es el de la impartición de justicia. México ha padecido una prolongada y expansiva crisis de credibilidad de las instituciones del Estado, de manera notable en el Poder Judicial, en el que las prácticas de corrupción, amiguismo e influyentísimo se han convertido en signos distintivos. Es necesario decir basta y revertir estas prácticas deleznables que se realizan desde el poder con cinismo y prepotencia en contra de los segmentos mayoritarios. Evidentemente, para dinamitar los nudos y nichos de la corrupción se requiere, en primer lugar, de voluntad política desde las altas esferas del poder. Ahora, esa ya existirá como lo ha expresado reiteradamente el Licenciado Andrés Manuel López Obrador. El próximo titular del Ejecutivo ha anunciado que no se tolerará ninguna actividad que violente la transparencia en el uso de los recursos públicos y, por lo tanto, su prioridad será la utilización eficaz de estos a favor del combate a la pobreza y a las inequidades sociales. Las asignaturas pendientes en el Poder Judicial deben ser producto de un amplio consenso y abarcar a diversos sectores. El punto de partida imprescindible es poner un dique infranqueable a la impunidad, la negligencia y la corrupción. De manera resumida, pero ilustrativa, Miguel Carbonell precisa que “Las líneas maestras de las reformas al Poder Judicial, dentro del marco general de la reforma del Estado, se pueden sintetizar en (…) cinco puntos: a) mejoras en la administración de justicia; b) fortalecimiento de la independencia judicial; c) desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de controversias; d) mejora de la educación legal de los jueces, abogados y del público en general; y e) creación de nuevos canales para que vastos sectores de la población, ahora excluidos, tengan acceso a la justicia”. Otra referencia que debemos tomar en cuenta para realizar una intervención cuidadosa, pero enérgica, son las veintiséis recomendaciones que formula el organismo Transparencia internacional en su “Informe Global de la Corrupción 2007” donde se realiza un análisis de los fenómenos que afectan a los procesos judiciales, en donde se analizan dos temas centrales: la interferencia política que presiona a los jueces para que resuelvan en determinado sentido y la corrupción administrativa que involucra al personal de los sistemas judiciales. Por ello, la transparencia debe convertiste en un mensaje inequívoco de que las cosas van a cambiar para bien. Un ejemplo especifico que, ilustra de manera plástica y aleccionadora el camino que se está abriendo desde la sociedad civil, los ámbitos académicos y especializados, lo muestra el documento signado por 156 organizaciones y personas, fechado el pasado 25 de septiembre en torno a los requisitos que se deben exigir para contar con una o un nuevo ministro ante la salida del ministro José Ramón Cossío Díaz. Es de destacar las características del perfil que recomienda dicho texto, las cuales son: Garantizar su independencia, autonomía e imparcialidad dentro de este órgano, precisamente por su función de control constitucional. Tener una reconocida honorabilidad e integridad. Contar con experiencia probada en la materia. Haber demostrado compromiso con los derechos humanos, con una interpretación garantista y progresiva de los mismos y con valores democráticos. Comprobar capacidad para trabajar en un cuerpo colegiado. Todas ellas son imprescindibles e infaltables para dotar a la SCJN de vientos oxigenantes acordes con los reclamos populares tendientes a desactivar los viejos vicios que han distorsionado el carácter transparente y confiable de quien tiene como función primordial velar por el cumplimiento y la protección de los desvalidos. En síntesis, nuestra vocación reformadora parte de que en el nuevo horizonte que abre la transición hacia una nueva administración pública que pugna por terminar con privilegios y componendas, llamamos a evitar la confrontación, el desencuentro y el espectáculo mediático. Los retos son enormes y seguramente inéditos. Ha llegado la hora de colocar los intereses nacionales y colectivos por encima de los pequeños privilegios de minorías insaciables que han monopolizado el poder atropellando los anhelos de justicia de millones de mexicanos. En eso estamos empeñados y lo haremos con patriotismo y altura de miras.

Frentes Políticos I.  Trabajo sucio. El diputado constituyente Javier Quijano Baz envió una carta al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Álvaro Augusto Pérez Juárez, en donde, en un tono veladamente amenazante, le señala que no puede reelegirse. Argumenta ser abogado con 51 años ejerciendo de forma permanente, ser también parte integrante de ese órgano judicial y le ruega declinar su pretensión electoral… o impugnarán el proceso. Lo que olvidó decir a Quijano en su flamante misiva es que ha sido socio de Everardo Hegewisch, cuñado del actual magistrado Manuel Díaz Infante, quien también aspira al mismo cargo, y a quien apoya abiertamente. Siempre hay alguien a quien le toca la peor parte. Y esta vez queda expuesto que, tras una carta plena de apreciaciones legales, lo único que hay es el oscuro interés de Quijano Baz para que todo quede entre familiares y socios. Así se las gastan. II. Prepotencia a la baja. La exalcaldesa de Centla, Tabasco, pensó que podía salirse con la suya. Por la agresión a un periodista condenaron a 18 meses de cárcel a exmando policiaco en Tabasco. Por órdenes de la entonces edil, Gabriela López, el agente Luis Alfonso Arias encarceló y humilló al periodista Felipe Eladio Jiménez Solís, el 30 de diciembre de 2016. Además, un juez federal de control vinculó a proceso a la mujer, al reunirse los elementos necesarios sobre su posible participación en los hechos denunciados por el periodista, quien dijo haber sido ilegalmente detenido y encarcelado por órdenes de ella, mientras documentaba presumibles actos de corrupción de esa administración. Largo fue el litigio en las instancias federales, en la PGR y en la CNDH, que culminó esta semana con una sentencia condenatoria contra el jefe de la policía que lo detuvo arbitrariamente, y doña Gabriela, que se metió con quien no debía. ¿Y todo por tapar la corrupción? Le falló. III. Atentos. A los próximos administradores de los recursos públicos en el país les conviene escuchar los consejos que tiene Miguel Ángel Gurría, secretario de la OCDE. México tiene una deuda pública respecto del PIB de alrededor de 50%, que es la mitad del promedio de deuda que tienen los países del organismo, pero no la debe elevar más, ya que los mercados reaccionan de una manera más negativa cuando un país como el nuestro tiene un desbalance que cuando aumenta la deuda de Alemania o EU, afirmó. Los recientes sucesos de Italia de cómo los mercados hoy son mucho menos tolerantes, inclusive ante las señales de posible aumento de la deuda, son el mejor ejemplo para México de que debe mantener sus finanzas públicas sanas. No volver a los problemas del pasado, como el endeudamiento excesivo, dijo. Y “el tema de la prudencia fiscal se recomienda solo”. Tómenlo en serio. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Dicen. IV. Conexión. Fue José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, el encargado de difundir la noticia. La Línea 2 del Metro, que corre de Taxqueña a Cuatro Caminos, ya cuenta con servicio de WiFi, lo que permitirá a los usuarios mantenerse conectados a lo largo de 24 estaciones. Este servicio se suma al que ya reciben las líneas 1, 3 y 7. De acuerdo con las autoridades, en aproximadamente dos años toda la red del Metro contará con WiFi. El proyecto tendrá un costo total de mil 800 millones de pesos y, con ello, se dará cobertura en las 175 estaciones y en los más de 350 trenes del Metro. ¡Qué felicidad! Ahora sólo les falta poner seguridad para que no les roben el celular a los usuarios. Y ya. V. Abuso de confianza. Eugenio Mora Salgado, director general del ISSSTE Puebla, ha sido un funcionario consentido del gobernador Tony Gali. Fue invitado especial en la conmemoración del Día del Médico, además de que hace un año fue nombrado comisionado para la reconstrucción en el estado, tras los sismos, labor que ha cumplido medianamente. Lo que ignoraba Gali es que, junto con Fabian Rueda Girón, su director de enlace, Mora Salgado exige el pago de la mitad del monto de facturas a finiquitarse, incluso de la pasada administración. ¿Qué pensará ahora el mandatario? ¿Y Martha Érika Alonso, la gobernadora electa? Hay quienes no conocen la palabra honestidad.