Editorial EL UNIVERSAL / Privatizar tiempo del Estado Cuando Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, reclamó ante un juez que supuestamente EL UNIVERSAL no le había dado réplica en la información publicada sobre su patrimonio, convirtió un asunto periodístico en un pleito legal entre dos particulares. Tiene derecho de hacerlo. Lo que no tiene derecho es a utilizar los tiempos de difusión que el Estado otorga a los partidos políticos para defenderse a sí mismo. El más reciente spot electoral del PAN, difundido en tiempos oficiales de radio y televisión, utiliza la imagen de los periodistas Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva, así como el logotipo de EL UNIVERSAL, para decir que un juicio de derecho de réplica determinó que las notas publicadas por este diario acerca de los bienes del dirigente panista “no eran verdad”. Esto, a pesar de que el juez no se pronunció sobre la veracidad de la información. Pero más allá de la mentira del panista, lo que preocupa del spot es la puerta que abre a la privatización de un recurso público como son los tiempos oficiales en radio y televisión. Ricardo Anaya utiliza ese recurso público —dado a un partido político, no a él— para intentar convencer a la ciudadanía de que no se enriqueció en su paso por la política. Pese a este flagrante uso privado, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió ignorar la petición de impedir la difusión del spot o siquiera de ofrecer a EL UNIVERSAL la posibilidad de responder a las menciones de Anaya en el mismo espacio que éste utiliza. Todo indica que el INE es incapaz de defender los recursos públicos que administra. Quizá tenga que ver con que los nombramientos de los consejeros —o su posible remoción— depende de los propios partidos políticos a los cuales debería regular. Con una autoridad tan débil, hay que temer por la certidumbre de la contienda electoral del próximo año. Otro elemento que preocupa del spot es la equiparación entre “ataque” y crítica. ¿Es un “ataque”, como dice el mensaje, un reportaje sobre las propiedades de un líder de partido? ¿Significa que en el futuro, si cualquier medio exhibe la riqueza de un político, esto debe ser considerado agresión? El INE está avalando un ataque a la libertad de expresión. Como dice el ex magistrado Salvador Nava, en un artículo publicado ayer en El Financiero: “Habría que definir si un reportaje puede considerarse como ataque y si el ejercicio de la libertad de expresión es un embate contra un partido político y su dirigente, por un tema (enriquecimiento ilícito) que es de interés público”. Con esta acción, Anaya usa a su partido, usa a los contribuyentes para beneficio personal y lo peor: con el apoyo de los consejeros del INE.

Frentes Políticos I. Buenos pasos. Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, rindió su Segundo Informe de Gobierno. Destacó la solidez económica, pues BCS es líder nacional en generación de empleos y registra el mayor crecimiento económico del país. Se incrementó en tres millones la afluencia de turistas, en el último año. En dos años se redujo la pobreza extrema a la mitad, es decir, cada día 70 ciudadanos dejan de ser pobres situándose como el segundo estado con menor índice de pobreza. El discurso del mandatario fue escuchado por José Antonio Meade, secretario de Hacienda, en representación del Presidente, así como por los gobernadores de Querétaro, Durango, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Baja California, Quintana Roo y Aguascalientes. Baja California Sur demuestra que es un estado más grande que sus retos. II. Se hizo la luz. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, dijo en la presentación de la segunda etapa del programa Fondo de Servicio Universal Eléctrico, que se puso en marcha hace un año, para alcanzar una total cobertura eléctrica nacional, que este fondo es una herramienta eficaz para llevar soluciones tecnológicas de electrificación a todos los rincones del país. “La luz eléctrica permite que los habitantes mejoren su salud, alimentación y disfruten más horas al día de esparcimiento y convivencia familiar”, agregó. En 2018 se alcanzará el 99% de la cobertura eléctrica nacional y en poco tiempo llegará a la meta de un México 100% iluminado. El desarrollo del país va por buen camino. Bien. III. Dudas. Ante las acusaciones hacia Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sobre desvío de recursos, lo que procede es una investigación donde no existan dudas. Mientras eso ocurre, el abogado defensor de Vera y de su esposa, María Elena Ávila, condicionó la entrega voluntaria del rector, si se retira la orden de aprehensión girada por el delito de enriquecimiento ilícito. Alegó que las autoridades violentaron los derechos de sus representados. “Si se retira la orden de aprehensión me comprometo a presentarlo de manera voluntaria”. Las autoridades deberán aplicarse en serio, pues el rector está prófugo. Esto va para largo. Por ahora, la defensa de Vera ya tramitó un amparo. ¿En qué acabará esto? Es la gran pregunta. IV. Avances. Representantes del PAN, PRD y MC registraron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México la intención de “construir un proyecto” en la capital del país con el Frente Ciudadano por México hacia 2018. Octavio Rivero, coordinador de MC en la capital, aseguró que el objetivo es “poner por delante el cambio de régimen” desde lo local. “Es posible realizar las grandes modificaciones en la ciudad con la agenda que proponemos: cero financiamiento a partidos, revocación de mandato, abatir la desigualdad, la corrupción y la pobreza”. Suena convenientemente atractivo. Esperemos que al pasar de las palabras a los hechos, el modelo no se les desdibuje. V. Atención. Velar por la salud de los mexicanos en establecimientos públicos o privados es una prioridad del Estado. En el Senado está a consideración un punto de acuerdo para que los centros de asistencia médica que atienden problemas de hemodiálisis cumplan al 100% las medidas de seguridad a las que deben estar sujetas. Sin embargo, en la Clínica Médica Santa Carmen, en Querétaro, donde son asistidos 600 pacientes, hacen caso omiso a las disposiciones. Sus instalaciones se ubican a menos de 140 metros de una gasolinería y de un ducto de gas natural de Pemex. Quienes padecen esta enfermedad y son atendidos en ese lugar están en peligro por las emisiones de los carburos. Cuidado.