Editorial EL UNIVERSAL / ¿Prestaciones o salario digno?

Nadie protestaría por el otorgamiento de amplias prestaciones a los trabajadores. Es válido que se reconozca su trabajo. El problema aparece cuando esos beneficios salen de los bolsillos de los contribuyentes y no son parejos, incluso en las dependencias públicas que los ofrecen.

De abril a junio, el gobierno federal desembolsó 76 mil millones de pesos para cubrir el pago de apoyos a sus trabajadores. Entre los beneficios a los que tienen derecho se encuentran ayuda para actividades sociales, culturales y deportivas, para libros o para juguetes. Lo erogado ese trimestre en prestaciones es superior al presupuesto total de dependencias como Turismo, Marina, Trabajo y PGR. En conjunto, las cuatro ejercerán 55 mil 503 millones de pesos este año. También es mayor a la bolsa de 50 mil millones de pesos que se anunció para las Zonas Económicas Especiales. De esos 76 mil millones, casi tres cuartas partes se concentran en empleados de cuatro dependencias: IMSS, SEP, Pemex y CFE. La situación es otro retrato de la desigualdad en México. Los empleados de Pemex, por ejemplo, son muy superiores a los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando de prestaciones se trata. En general, quienes trabajan en el sector público cuentan con mejores condiciones que aquellos que laboran en la iniciativa privada. Un ejemplo es la edad de jubilación. En Pemex será a partir de 2021 cuando sus trabajadores comiencen a pensionarse a los 65 años de edad; antes lo hacían a los 55 años. La mitad del Presupuesto de Egresos del gobierno se destina al llamado gasto corriente (pago de salarios o de servicios para cumplir sus funciones). ¿Es necesario reducirlo? ¿Conviene recortar prestaciones o el número de burócratas? Un exceso de prestaciones atrasa la posibilidad de que en en el país se paguen salarios justos, tanto en el gobierno como en las empresas. ¿Qué ocurriría si se estableciera la desaparición de los beneficios y en lugar de ello se concedieran únicamente las prestaciones que establece la ley, pero a cambio se reforzara el sueldo nominal de los trabajadores? Las prestaciones han contribuido a generar una falsa expectativa. Muchos trabajadores —en el mismo gobierno— argumentan: “No es un gran sueldo, pero hay muchas prestaciones”. Un salario fuerte siempre repercutirá en el pago de primas vacacionales, aguinaldo y en el monto de la jubilación. El costo de las prestaciones debe servir para replantear la política salarial. Si todo trabajador recibiera un sueldo digno, no sería necesario pugnar por recibir bonos adicionales para comprar juguetes o libros.

Desde el otro lado

La oposición que México necesita

Este lunes, los 35 legisladores electos por Movimiento Ciudadano presentamos la agenda legislativa prioritaria que impulsaremos durante la siguiente legislatura en el Congreso de la Unión. Desde la oposición se debe contribuir a reconstruir el país, tanto desde una posición de contrapeso al poder, como desde una postura proactiva capaz de aportar soluciones a los retos que enfrenta México. En primer lugar, nos opondremos a la corrupción y el derroche de recursos públicos, destrabando la reforma constitucional para eliminar el fuero, suprimiendo las pensiones a expresidentes, revirtiendo la ley de publicidad oficial aprobada por el PRI y prohibiendo los fideicomisos creados por partidos políticos. La reingeniería del gasto público en México pasa por distintas capas, pero sin lugar a dudas, la primera de ellas debe ser la de contener el derroche de recursos públicos en todas las instituciones. Una segunda esfera está orientada a la justicia, la seguridad y los derechos humanos, en donde hemos decidido concentrar amplios esfuerzos. Sacaremos adelante la reforma constitucional para tener una Fiscalía General plenamente autónoma, porque es un requisito indispensable para la transformación del régimen político; revertiremos la Ley de Seguridad Interior, que da continuidad a una estrategia fallida, y buscaremos fortalecer a las instituciones civiles de seguridad. Además, plantearemos la creación, por ley, de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos de la última década, porque sin verdad no hay justicia. En tercer lugar, impulsaremos una amplia agenda orientada al combate de las desigualdades. Nos comprometemos a enderezar la Reforma Educativa, a emprender una revisión del sistema de salud y seguridad social, a garantizar el acceso a un retiro digno a todos los trabajadores del campo mediante un Fondo de Pensión Rural, a recuperar el salario para que sea digno y suficiente, a erradicar la inequidad salarial entre hombres y mujeres, así como también a dar reversa al gasolinazo mediante un planteamiento que no comprometa las finanzas públicas y que le sirva a los ciudadanos. Un cuarto eje de acción se concentrará en el medio ambiente, una causa que Movimiento Ciudadano ha recogido durante los últimos años. Seguiremos impulsando el reconocimiento de los derechos de la naturaleza para que sea viable la defensa jurídica de nuestro patrimonio y recursos naturales, insistiremos en la prohibición del fracking como técnica de explotación de hidrocarburos, defenderemos el derecho humano al agua y el reconocimiento de la dimensión metropolitana como base para la planeación sostenible y ordenada de nuestras ciudades. Finalmente, seguimos comprometidos con la participación ciudadana y la democracia. Por ello, legislaremos en materia de revocación de mandato y presupuesto participativo, impulsaremos la ampliación de los periodos de sesiones en el Congreso de la Unión y las prácticas de parlamento abierto, además defenderemos con insistencia el pacto federal ante imposiciones y tentaciones centralistas. Los legisladores electos de Movimiento Ciudadano hemos decidido poner las cartas sobre la mesa, plantear nuestros compromisos y las causas que nos unen con los ciudadanos y que nos motivan a hacer política parlamentaria. Queremos ser la fuerza de oposición que exigen los ciudadanos y que necesita México.